(NATIVA103.5FM) Senadores aprueban en segunda lectura proyecto de ley contra lavado de activos y terrorismo (NATIVA103.5FM) Prorrogan por 7 días detenciones en Perú de exgobernador de Cuzco y abogado (NATIVA103.5FM) Presentan en Honduras proyecto de saneamiento del sistema sanitario Licey al Medio (NATIVA103.5FM) Reinaldo Pared pide confiar en proceso de elección de miembros de las altas cortes (NATIVA103.5FM) Matan un teniente de la Policía Nacional y lo despojan de su arma de reglamento (NATIVA103.5FM) Condenan a cinco años de prisión a falsificador de marbetes y comprobantes fiscales (somos) música y noticias las 24 horas. esta pagina es actualizada varias beses al día


-


SANTO DOMINGO. Como improcedente fue calificada ayer por el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats, la decisión de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona que condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, al pago de RD$50 mil por cada día que deje de impartir docencia.
A juicio del jurista el derecho a la protesta y a la huelga son derechos individuales que se ejercen colectivamente.
“La ADP no puede ser sancionada con una astreinte por promover la defensa de los derechos e intereses de sus asociados. Una sanción individual a los profesores sería también inconstitucional pues restringe sus derechos, en específico el derecho fundamental a la protesta”, sostiene.
Dijo no creer que los profesores tengan derecho a la huelga, a menos que sean considerados trabajadores.
Sostuvo que muchos de ellos tienen un estatuto funcionarial dentro de la carrera administrativa y docente, que, aunque no limita sus derechos, si los somete a una relación de sujeción especial y lo restringe.
“En este caso la educación es un servicio social. En ningún caso la paralización de la docencia puede ser permanente ni por un tiempo tan prolongado que anule el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. En todo caso, el juez debe ponderar los derechos en juego como exige el artículo 74.4 de la Constitución”, enfatizó. Dicho artículo se refiere a los derechos y garantías fundamentales.
En su condena a la ADP, el tribunal argumentó que la suspensión de la docencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, afectan sus derechos fundamentales a la educación que, afirma prevalece por encima de cualquier otro derecho.
La sentencia obedeció a un recurso de amparo interpuesto por un grupo de estudiantes y de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), en contra la ADP, y su presidente municipal Miguel A. Féliz.

Jurista Eduardo Jorge Prats dice es improcedente fallo condena a la ADP



SANTO DOMINGO. Como improcedente fue calificada ayer por el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats, la decisión de la Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona que condenó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y su presidente municipal, al pago de RD$50 mil por cada día que deje de impartir docencia.
A juicio del jurista el derecho a la protesta y a la huelga son derechos individuales que se ejercen colectivamente.
“La ADP no puede ser sancionada con una astreinte por promover la defensa de los derechos e intereses de sus asociados. Una sanción individual a los profesores sería también inconstitucional pues restringe sus derechos, en específico el derecho fundamental a la protesta”, sostiene.
Dijo no creer que los profesores tengan derecho a la huelga, a menos que sean considerados trabajadores.
Sostuvo que muchos de ellos tienen un estatuto funcionarial dentro de la carrera administrativa y docente, que, aunque no limita sus derechos, si los somete a una relación de sujeción especial y lo restringe.
“En este caso la educación es un servicio social. En ningún caso la paralización de la docencia puede ser permanente ni por un tiempo tan prolongado que anule el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. En todo caso, el juez debe ponderar los derechos en juego como exige el artículo 74.4 de la Constitución”, enfatizó. Dicho artículo se refiere a los derechos y garantías fundamentales.
En su condena a la ADP, el tribunal argumentó que la suspensión de la docencia en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, afectan sus derechos fundamentales a la educación que, afirma prevalece por encima de cualquier otro derecho.
La sentencia obedeció a un recurso de amparo interpuesto por un grupo de estudiantes y de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES), en contra la ADP, y su presidente municipal Miguel A. Féliz.